El 10 de octubre de 2024 inició al interior de la Asamblea Legislativa el proceso de elección de Fiscal General de la República para el periodo 2025 - 2028. Al 5 de noviembre, fecha en que finalizaba la recepción de postulaciones, únicamente dos personas habían manifestado su interés por el cargo: el actual Fiscal General y un abogado que también se ha postulado para el cargo de presidente de la Corte de Cuentas de la República. Una elección que pareciera previsible desde ya, con las cartas ya tiradas a favor del actual funcionario. 

El actual Fiscal General ha sido pieza clave del actual gobierno ilegítimo de El Salvador. Fue impuesto en el cargo a partir del golpe del 1 de mayo de 2021 y ha colaborado fervientemente en el Régimen de Excepción; sobre lo último, a este mismo funcionario le ha tocado aceptar que miles de personas han sido injustamente detenidas y sus derechos se vieron restringidos arbitrariamente. Está fidelidad al gobierno y sus estrategias en materia de seguridad pública ya pone en duda la independencia que se le exige en el cargo; esta no es una valoración sobre las cualidades de la persona, sino un hecho verificable sobre su comportamiento. 

El Fiscal General de la República, como todo funcionario frente a una institución de control, le debe respeto y lealtad únicamente a la Constitución y las leyes de la República. Esto implica la posibilidad de contrariar los intereses del gobierno de turno, y buscar la protección y respeto de los derechos de la ciudadanía. En nuestro país, el Fiscal General es el encargado de dirigir las investigaciones de posible comisión de delitos, así como de representar los intereses del Estado y la sociedad. Es un rol que requiere compromiso con la legalidad y la justicia, sin pensar en la afectación de la imagen del gobierno. 

La Asamblea Legislativa está en la obligación de mejorar los procesos de elección de funcionarios y que este sea dirigido bajo criterios objetivos, que sirva de incentivo para que las personas calificadas para el cargo muestren interés y se inscriban para participar en los mismos. Se deben establecer estándares para la evaluación de las hojas de vida, donde prime la preparación y la experiencia; se debe priorizar el tema de la moralidad notoria, que evidencia la independencia de la persona para la toma de decisiones. La previsibilidad de la elección o el pensar que “los dados están echados” solo es muestra de la desconfianza en el proceso y la baja convocatoria que actualmente existe para este tipo de cargos. 

Como Centro de Estudios Jurídicos exhortamos a la Asamblea Legislativa a mejorar de manera sustancial los procesos de elección de funcionarios de segundo grado. No basta decir que el proceso de elección fue transparente; deben demostrarlo y en caso de no existir un perfil que cumpla con todos los requisitos, abrir una nueva convocatoria. Lo mínimo que merece la población salvadoreña es que la Fiscalía General de la República trabaje de manera independiente e imparcial, respetando la Constitución y las leyes. Que su actuación sea más objetiva y menos previsible.