El dramático desenlace de la detención del ex gerente de Cosavi que devino en la muerte de cuatro miembros de la cúpula policial salvadoreña, tres militares y un comunicador gubernamental hace poco más de dos meses dejó muchas interrogantes y una acuciante pregunta de fondo.
Sobre los detalles que rodearon al siniestro, el gobierno prometió una investigación con el auxilio de forenses y expertos estadounidenses, pero no se volvió a saber ni a decir nada. Eso es una deuda con la memoria de los fallecidos y con sus familiares, amén de que la nación necesita la certeza de si en lo ocurrido hubo o no mano criminal, una hipótesis que se vio alimentada por algunas expresiones desde la misma cúpula del poder en su oportunidad.
Pero a partir del luto, hay una pregunta importante y es si se va a proceder a nombrar titulares de esos puestos desde los cuadros de la corporación policial, si se respetará la obligatoriedad de que el director de la fuerza sea civil y si en simultáneo se continuará desviando a la PNC de su rol orgánico o se aprovechará la coyuntura de seguridad frente a la pandilla para detenerse en la alienación de la institución y devolverla a su inspiración según dictaron los Acuerdos de Chapultepec.
Doctrinariamente, las desviaciones de la Policía Nacional Civil son innegables; la corporación está mandatada a ser independiente de la Fuerza Armada, ajena a toda actividad partidista, a respetar y proteger la dignidad humana, defender los derechos humanos de todas las personas, incluidas aquellas que se encuentran bajo su custodia y en consonancia no pueden infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales como justificación.
La doctrina no fue construida, definida y discutida de manera antojadiza, sino con el claro propósito de evitar los abusos del pasado; se presume que en coyunturas de alta complejidad para los agentes y cuadros de una institución de esta naturaleza e importancia pública es cuando el conocimiento, experiencia, comprensión y adhesión a la doctrina institucional se vuelven decisivas y deben constituir el acto reflejo por excelencia.
Pero de nada sirve ese marco si la institución sigue acéfala; se pueden cometer violaciones a la Ley Orgánica de la PNC, a los códigos penal y procesal penal y a la misma Constitución de la República si el organigrama no es respetado, si el orden jerárquico es roto, si los encargados de la seguridad pública confunden simplificar con confundir. El resultado puede ser una ilegalidad manifiesta que contamine todos los procesos judiciales iniciados en los últimos meses y amenazar la legitimidad de las diligencias si al final de la cadena de mando no se encuentra el ciudadano que funja a todos los efectos como director de la Policía Nacional Civil.
Mientras para responder las preguntas sobre la tragedia quizá sea indispensable contar con investigadores independientes procedentes de otro país, para proceder con los nombramientos sólo se requiere de voluntad política y conocimiento de la Constitución de la República.