Recientemente, la organización “World Justice Project” publicó su informe sobre Estado de Derecho en el mundo, conocido como “Rule of Law Index”, destacando que es la sexta edición consecutiva que los resultados retroceden a nivel mundial. En este reporte, el Estado de derecho ha disminuido casi en el 60 % de los países evaluados, incluido El Salvador. En palabras del presidente de esa organización, “el mundo sigue inmerso en una recesión del Estado de derecho caracterizada por la extralimitación del poder ejecutivo, la disminución de los derechos humanos y los sistemas judiciales que no satisfacen las necesidades de la población”.

El Salvador se ubica en la posición 108 de 142 países evaluados en el indicador general, que mide el nivel de corrupción, el cumplimiento de las leyes, el funcionamiento del Gobierno, la apertura a la ciudadanía, entre otros. En comparación con el resto de América Latina y el Caribe, Uruguay, Costa Rica y Chile son los mejores tres países; mientras que El Salvador ocupa el puesto 25 de 32 países.

Especial interés tiene la evaluación sobre la justicia penal, dado que es el mecanismo del Estado más restrictivo sobre la población, puesto que limita la libertad y múltiples derechos. Es así como su indebida utilización tiene impactos mayores en la vida cotidiana y de cualquier ciudadano del país, por ejemplo, en aquellos supuestos donde se utilice la justicia penal no para acusar a personas por un crimen, sino por ser activistas ambientalistas, por ser parte de otro movimiento político o por una mera revancha comunitaria.

El indicador de la justicia penal refleja una mala situación. El estudio analiza el sistema de justicia criminal, incluyendo las normas y las actuaciones de la policía, procuradores, fiscales, jueces y funcionarios de centros penales. El Salvador se ubica en la posición 140 de 142 países evaluados en este indicador, únicamente mejor que Bolivia y Venezuela.

La justicia penal es analizada a través de subindicadores y con las peores puntuaciones aparecen: el respeto al debido proceso y otros derechos de los acusados, el nivel de imparcialidad de los jueces, y el nivel de efectividad del sistema. Precisamente, este estudio captura las decisiones políticas de los últimos meses relativas a los nombramientos de los jueces, las reformas legales al sistema penal, las decisiones de los funcionarios de centros penales, entre otras.

Existe un vasto desarrollo en doctrina y jurisprudencia sobre los principios de justicia penal que no es necesario repetir en este espacio; no obstante, les invitamos a reflexionar sobre estos indicadores académicos y estudios internacionales, los cuales sí tienen un reflejo palpable y humano en la muerte de salvadoreños detenidos injustamente, no liberados a tiempo o liberados en condiciones de salud deteriorada, debido a negligencias de los funcionarios de centros penales y tratos inhumanos recibidos durante su detención.

Por ello, es que urge respetar el debido proceso, la independencia judicial y demás principios estipulados en la Constitución. Asimismo, nuestras palabras de ánimo y apoyo para todos aquellos funcionarios profesionales y decentes del sistema de justicia criminal que actúan conforme a la Constitución, ya sea emitiendo resoluciones judiciales justas, que resisten a la instrumentalización de la justicia, acatando las órdenes judiciales de liberación de inocentes, o realizando su labor en cumplimento de la Constitución y leyes de la República.