Resoluciones judiciales dejan constancia de que la Dirección General de Centros Penales no permite inspecciones de salud en los detenidos durante el régimen de excepción; las organizaciones y abogados señalan que eso constituye un delito.
El Centro Penal de Izalco es uno de los que más se opone al ingreso de Medicina Legal para constatar la salud de los capturados durante el régimen de excepción, según las resoluciones a las que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA.
El 21 de octubre de 2024 el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado giró por tercera ocasión oficios a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) a fin de que esta permita el ingreso del Instituto de Medicina Legal (IML) al centro penal de Izalco para la verificación de salud de seis privados de libertad. Esta situación se ha vuelto ya recurrente, de acuerdo a los mismos tribunales en sus resoluciones y a la recopilación de casos que llevan las organizaciones defensoras de derechos humanos..
Los Tribunales que llevan casos del régimen de excepción están notificando que los centros penitenciarios, mayormente el de Izalco, en Sonsonate, no permiten las inspecciones médicas, bajo la premisa de que se debe contar con el permiso de la DGCP, aún cuando los mismos Tribunales mencionan que son instancias competentes para solicitar dicho ingreso.
Esta situación conlleva la vulneración al derecho a la salud, según exponen abogados defensores y las organizaciones de derechos humanos, por lo que es importante documentar que los mismos Tribunales reconocen el impase y la afectación a los privados de libertad.
En otro caso, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado indicó que guardias del Centro Especial de Salud del centro penal de Zacatecoluca no permitieron el ingreso de personal del IML para el peritaje del estado de salud del imputado Juan A.G. por lo que giró nuevos oficios para que puedan ingresar. Hasta la fecha los abogados no tienen conocimiento que se haya llevado a cabo la inspección.
Mientras que en abril de este año, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado también reconoció que autorizó el ingreso de Medicina Legal para una inspección médica a favor del imputado Salvador Adiel M.H. tras solicitud de sus abogados para conocer la situación del mismo. En esa resolución cita que desconoce si el procedimiento se llevó a cabo y pidió nuevamente el ingreso de los peritos al Centro Penal de Izalco, pero los defensores no tienen constancia que se haya realizado.
Rudy Joya, abogado y vocero de la Unidad por la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), comentó que es un tema que han venido denunciando en los últimos meses, documentando que se está vulnerando el derecho a la salud de muchos privados de libertad del régimen de excepción.
"El problema es el incumplimiento a esas resoluciones por parte de Centros Penales y cada director de los centros penales. Hay una grave afectación al derecho a la salud y la vida de estas personas que están siendo procesadas. Un aspecto vital como la salud es un derecho fundamental e importante y que funcionarios, directores de centros penales, no cumplan con esas órdenes judiciales que debe ser de obligatorio cumplimiento, causa el tema de acción penal, cometimiento grave de delito", mencionó.
LA PRENSA GRÁFICA consultó con la DGCP a través de su equipo de comunicaciones, en el que se solicitó su versión acerca de las resoluciones en las que los Tribunales señalan el incumplimiento de órdenes judiciales al no permitir el ingreso al IML en los diferentes centros penitenciarios; sin embargo, al cierre de esta nota aún se esperaba su respuesta.
La Cámara de Segunda Sección de Occidente autorizó la solicitud de habeas corpus presentado por la abogada Roxana Cardona a favor del imputado Ricardo A.A. y reconoció que la actuación del director del Centro Penal de Izalco vulneró el derecho a la salud al no permitir el ingreso de los peritos de Medicina Legal, según consta en una resolución emitida el 29 de octubre de 2024 y al que este medio tuvo acceso.
El documento cita que avaló el habeas corpus contra "actuaciones del director del Complejo Penitenciario de Izalco por vulnerar el derecho a la salud de dicho beneficiado". A su vez, ordenó al director de dicho penal que permita el ingreso del IML. Posteriormente se pudo realizar el chequeo el cual determinó gravedad de salud del imputado.
Para Otto Flores, abogado penalista, el no permitir el ingreso a médicos del IML que tienen mandato judicial se constituye en el delito de desobediencia del mandato judicial el cual se encuentra en el artículo 313 del Código Penal, el cual será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cincuenta a cien días multa.
"Hay una orden de un juez para que pueda entrar un equipo de Medicina Legal a revisar a determinadas personas para garantizar su derecho a la salud y no se está cumpliendo, es una clara desobediencia y estos están cometiendo delito. No pueden excusarse en una orden de un superior porque ellos, como funcionarios públicos, conocen que pueden desobedecer órdenes que vulneran el derecho a la salud", expuso el abogado.
Por su parte, el también abogado penalista de Cristosal, Jonathan Sisco, mencionó que se cometen acciones ilegales que pueden acarrear procesos penales en contra de los funcionarios y personas que no cumplan con una orden judicial.
"Los directores podrían tener responsabilidad civil, administrativa y penal, de incumplir resoluciones judiciales. Es importante que se cumplan las resoluciones dictadas por los jueces que ordenan practicar reconocimiento médico forense sobre el estado de la salud de las personas detenidas y que se garantice que las personas detenidas mientras son enjuiciadas tengan atención médica, porque de no brindarse atención médica se considera como tortura y esto es muy grave", argumentó.
El 24 de julio de este año, el Socorro Jurídico Humanitario presentó avisos penales en la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de que se investigue el posible cometimiento de los delitos de desacato de orden judicial, actos arbitrarios, limitación a la libertad personal, crímenes de lesa humanidad, entre otros.
Ingrid Escobar, abogada y directora del SJH, indicó que "es una situación que se está dando y vulnera el derecho a la salud de los privados de libertad. Tenemos muchos casos ante la Cámara de Sonsonate esperando respuesta y esto es una grave afectación que hemos denunciado y se están cometiendo delitos".
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