Abogados, especialistas y el relator para la libertad de expresión de la APES analizan las recién aprobadas Leyes de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales. Consideran que hay puntos positivos y negativos que deben ser informados a la ciudadanía.
Las nuevas leyes sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales en El Salvador fueron aprobadas el 12 de noviembre, con 57 votos y 3 abstensiones.
Tras la reciente aprobación de las leyes de Ciberseguridad y Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales, LA PRENSA GRÁFICA consultó con expertos en la materia sobre los beneficios y limitantes que estás podrían generar para el ejercicio de otros derechos, como el de libertad de expresión, libertad de información y libertad de prensa, además del uso que puede dársele a las dos nuevas herramientas en el futuro.
Para los especialistas consultados, tres de los puntos más importantes que deben analizarse son el papel que tendrá la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), un ente que será controlado desde la Presidencia de la República, la censura previa que podría generarse sobre datos personales y el derecho al olvido, contemplado en las nuevas leyes.
Sobre este último, Hugo Sánchez, relator para la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), advierte que si bien hay legislaciones internacionales que lo regulan, no se puede analizar sin tomar en cuenta el contexto actual de nuestro país, en el marco de un régimen de excepción.
“Podemos advertir una preocupación en cuanto a que el derecho al olvido se ocupe por personajes públicos para intentar silenciar o volver inaccesibles investigaciones periodísticas que puedan estar dando luces a actos de corrupción o malos manejos desde la administración pública. Hay advertencias que ya ha hecho la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA (Organización de los Estados Americanos) sobre este derecho”, expuso.
Este derecho al olvido está regulado en el artículo 10 de la Ley de Protección de Datos Personales y consiste en que cualquier ciudadano pueda pedir que se borren sus datos de un sitio web, por ejemplo, si estos son inexactos o si se han obtenido ilícitamente.
Sin embargo, según la Ley, esto no debe limitar la libertad de expresión, aunque abogados expertos en la materia temen que la ambigüedad bajo la que está escrita la norma genere un mal uso del mismo.
“El literal C) del inciso segundo del artículo 10 podría abrir la ventana para la censura, para que se suprima información o pedazos de información y eso podría entrar en conflicto con la libertad de prensa, con el derecho a la información”, analizó la abogada Laura Nathalie Hernández, experta en seguridad informática.
“Si bien es importante regular la protección de datos personales tanto a nivel privado como público, también se deben generar salvaguardas que respeten los derechos humanos y que no interfieran con la libertad de prensa, libertad de expresión y el acceso a la información, lo cual no está muy bien desarrollado en la ley”, añadió la especialista.
Hernández va más allá y sostiene que es muy importante también pensar en quién tendrá el control de interpretar y aplicar la ley, en este caso, la ACE.
A partir de estas nuevas leyes el gobierno salvadoreño deberá crear la Agencia de Ciberseguridad Estatal (ACE), cuyo titular debe ser designado por el presidente Nayib Bukele. Esto, según los expertos, es un punto de preocupación por el control que esta pueda ejercer sobre medios de comunicación independientes o voces críticas hacia el gobierno.
“Las leyes de seguridad cibernética son herramientas claves utilizadas por muchos países para protegerse de ataques cibernéticos que puedan comprometer el funcionamiento del Estado y poner en riesgo la privacidad de los ciudadanos. En países democráticos su aplicación busca un equilibrio entre seguridad y derechos humanos y entre seguridad y derecho a la información. Pero en regímenes autoritarios, en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos, pueden ser utilizadas para aumentar la censura, ejercer un mayor control estatal sobre la información y restringir el derecho a la libertad de información de los ciudadanos”, analizó Jeannette Aguilar, experta en políticas de seguridad pública.
Una posición similar tiene Jonathan Cisco, de Cristosal, quien afirma que no habrá un sano equilibrio si la ACE solo es controlada por el gobierno, sin representación de la sociedad civil.
“Es un error que la Agencia de Ciberseguridad del Estado sea la entidad rectora y sancionadora ante incumplimientos a la Ley de Protección de Datos Personales, ya que se convierte en juez y parte. La Ley de Ciberseguridad tiene algunos puntos positivos, pero otros muy negativos, por ejemplo: se crean mecanismos sofisticados para la vigilancia estatal y el objetivo evidente es impedir que funcionarios y empleados públicos puedan filtrar información a medios de comunicación”, dijo.
En El Salvador existen diversas reservas de información sobre estadísticas de homicidios, desaparecidos, enfermedades, licitaciones y obras públicas. En 2024 se han conocido datos en parte por filtraciones de hackers, como las realizadas por Ciberinteligencia SV.
El abogado penalista Oswaldo Feusier consideró que los medios de comunicación y los periodistas no pueden ser sancionados por usar este tipo de filtraciones, puesto que en muchas ocasiones estas contienen datos que son de relevancia pública y noticiosa. Esta opinión también es compartida por el también penalista Otto Flores, quien hizo incapié en que son las instituciones gubernamentales las que están obligadas a cuidar la información personal de los ciudadanos.
“La Sala de lo Constitucional dice que la información (que se publica en un medio de comunicación) debe ser verídica, entendida como información verificada y contrastada, por lo que no se le puede responsabilizar al periodista por errores o fallas que pueden contener las bases de datos que consulta, porque no es quien tiene la responsabilidad del manejo de datos personales”, agregó Hugo Sánchez, relator de libertad de expresión de la APES.
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