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Juzgado decreta embargar bienes de acusados por asesinato de periodistas durante la guerra civil salvadoreña

Los tres exmilitares están cerca de enfrentar el juicio por el hecho ocurrido en 1982, cuando los cuatro periodistas holandeses fueron emboscados y asesinados en Chalatenango.

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El asesinato de Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag fue cometido el 17 de marzo de 1982, mientras ellos documentaban la guerra civil salvadoreña.

El asesinato de Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag fue cometido el 17 de marzo de 1982, mientras ellos documentaban la guerra civil salvadoreña.

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El Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, decretó un embargo preventivo de bienes en contra de Francisco Antonio Morán, José Guillermo García y Mario Adalberto Reyes Mena, acusados de planificar y ordenar el asesinato de cuatro periodista holandeses durante la guerra civil salvadoreña.

Según la resolución del juzgado, con fecha del 21 de noviembre de este año y que se basa en el Código Procesal Penal de 1973, el embargo de bienes contra los imputados debe ser por 80,000 colones para cada uno, lo que hoy equivale a $9,175.94.

Además, se decretó un período de 15 días de aportación de pruebas para el juicio.
El asesinato de Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag fue cometido el 17 de marzo de 1982, mientras ellos documentaban la guerra civil salvadoreña.

Según la acusación, fueron emboscados por elementos del ejército y luego asesinados por órdenes de Guillermo García, exministro de la Defensa; Francisco Antonio Morán, exdirector de la extinta Policía de Hacienda; y Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería.

Seguimos avanzando paso a paso en la exigencia de verdad y justicia sobre el caso de los cuatro periodistas holandeses, ya que esta nueva resolución de la jueza del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María sin lugar a dudas nos acerca más a la fecha del juicio. Es justo que las víctimas sean ahora el centro, y no los victimarios”, declaró Óscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos, querellante en el proceso.

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