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Instalan audiencia contra exsecretario de Funes por enriquecimiento ilícito

La representación fiscal solicita el reintegro de más de $3 millones al Estado por parte de Francisco Zaldaña y su grupo familiar. 

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La audiencia preparatoria contra el exsecretario privado del Gobierno de Mauricio Funes, Francisco José Cáceres Zaldaña, y su familia se lleva a cabo este miércoles en la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla. 

El Ministerio Público acusa al exfuncionario de enriquecerse ilícitamente por un monto de $3,541,407.87 dólares en el periodo presidencial de Funes, al presentar 44 irregularidades en depósitos en efectivo en cuentas de ahorro, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, las cuales no habría podido justicar a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. 

Mientras su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, acumularía 11 inconsistencias en depósitos a cuentas de ahorro y adquisición de vehículos e inmuebles, por un monto de $346,553.85 dólares.

Además, a su hija menor de edad, Mariana Cáceres Flores, se le reclama una irregularidad en depósitos a cuenta corriente por $6,133.74 dólares. 

En total, la petición fiscal pide devolver $3,892,095.46 de dólares al Estado, según una nota colgaba en la web de la Fiscalía el pasado 14 de mayo, además de inhabilitar a Zaldaña de ejercer cargos públicos por 10 años. 

La demanda presentada por los fiscales al Juzado en mayo pasado contenía 32 piezas con información patrimonial de los implicados. 

La Fiscalía no solicia pena de cárcel; solo indemnización en concepto de responsabilidad civil. 

En los últimos días se ha condenado a varios funcionarios de Gobiernos anteriores por enriquecimiento ilícito, incluido el exfiscal general Luis Martínez y el expresidente de la Asambela Legislativa por el FMLN, Sigfrido Reyes.

Martínez fue condenado el 2 de diciembre a devolver $71,736.62 al Estado, mientras Reyes deberá reintegrar $267,792.14. 

A principios de noviembre fue encontrado culpable Eugenio Chicas, obligándolo a reintegrar $202,557.51 al Estado, $80,000 menos de lo solicitado por el ente fiscal. 

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