En la que suponía sería una reunión con la comisión de hacienda para presentar cómo pretenden ejecutar el presupuesto 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores pasó de largo en cuanto al uso de fondos, y se concentró en hablar de logros del 2024 y objetivos para el 2025.

Así, por ejemplo, la institución se preció de concretar inversiones por más de $20 millones provenientes de salvadoreños residentes en el exterior, o de haber realizado 63 misiones de negocios y 94 eventos de promoción, entre otros datos.

Sin embargo, la vicecanciller Adriana Mira no hizo ninguna mención a los fondos que el proyecto de presupuesto asigna a su cartera de Estado. 

En 2024, a Cancillería se le aprobaron $53.8 millones de presupuesto. Para 2025, se proyecta asignarle $45.4 millones. Son $8.2 millones menos. 

El recorte al ministerio impactará en diferentes unidades presupuestarias. Una de las más destacadas es la relacionada con las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto armado.

Por ejemplo, la gestión de búsqueda de niñez desaparecida pasará de una asignación de $202,235 a $168,695. Son $33,540 menos.

Además, la comisión nacional de búsqueda de adultos desaparecidos durante la guerra pasará de $264,470 a $145,910. Son $118,560 menos.

Mira no se refirió a ese ni a otros recortes dentro de la institución. Y tampoco ninguno de los integrantes de la comisión hizo preguntas al respecto.

Legisladores como Edgardo Mulato, Dania González o William Soriano (Nuevas Ideas) se limitaron a aplaudir a Cancillería por el trabajo realizado, argumentando que este respondía a la línea establecida por Nayib Bukele.

Además, tampoco se explicó porqué la línea presupuestaria de movilidad humana y asistencia e inclusión a la persona migrante tendrá un recorte al pasar de una asignación de $560,540 en 2024, a $284,140 para el año 2025, y tampoco se cuestionó en la comisión por ello.

Tampoco hubo preguntas por la desaparición de una línea presupuestaria destinada a la protección y desarrollo de la persona migrante.

Esta línea apareció en el presupuesto 2024 con una asignación de $79,445. Y tenía por objetivo “desarrollar principios constitucionales rectores garantes de los derechos de la persona migrante salvadoreña y su familia”.