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3,186 denuncias ante organizaciones sociales durante régimen de excepción por abuso de poder

Organizaciones sociales presentaron datos del 27 de marzo al 31 de julio y revelaron que los más denunciados son agentes policiales.

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Diferentes organizaciones sociales presentaron la mañana de este miércoles 31 de agosto un informe de actualización de datos sobre vulneraciones durante el régimen de excepción, el cual da cuenta de más de 3, 186 denuncias de abuso de poder, que indican que en su mayoría fueron cometidas por agentes policiales.

Los datos son del 27 de marzo de 2022 al 31 de julio pasado y fueron registrados por Cristosal, Amate, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS). 

"La Policía nació como producto de los Acuerdos de Paz de El Salvador, con la finalidad de garantizar orden y seguridad en estricto apego a los derechos humanos. Sin embargo, sobre los victimarios, todas las organizaciones reportaron que fueron agentes de la Policía los más señalados", concluyeron las organizaciones. 

En el 76.5% de las denuncias recibidas por Cristosal la PNC fue el victimario, en el 90.5% en las que registró el IDHUCA, 61.5% en FESPAD, 86.2% en el SSPAS, 86.7% en Amate y 63.6% en la Red. 

Las violaciones a derechos por policías siguen siendo denunciadas durante el régimen de excepción, pese a que el titular de la institución, Mauricio Arriaza Chicas, ha asegurado en diferentes entrevistas que están respetando los derechos humanos de las personas detenidas. 

Al respecto, el coordinador general del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, Danilo Flores, hizo el llamado a elementos policiales y del ejército a no continuar ejecutando detenciones masivas y arbitrarias de personas que no poseen vínculos con las pandillas. 

En cuanto a las organizaciones que mas acudieron familiares de víctimas, el mayor número de denuncias fue recibido en Cristosal con 2,588 casos y en el IDHUCA con 237. Del total, en su mayoría las víctimas son hombres. 

Entre las peticiones al Estado las organizaciones pidieron que vele por los derechos de las personas detenidas y el cumplimiento del debido proceso. Asimismo, que no haya más prórrogas de la medida.

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