En octubre, el gobierno  tomó prestados otros $46.72 millones de los ahorros que los trabajadores cotizan para su pensión en las AFP, con lo cual, el saldo de la nueva deuda de pensiones,  emitida a través de Certificados de Obligación Previsional (COP) asciende hoy a $1,969.25 millones, según datos del Banco Central de Reserva.
 

Antes de que termine el año, el país habrá superado los $2,000 millones en colocación de deuda de pensiones, según advirtió en su momento Patricio Pineda, fundador de la Mesa para una Pensión Digna, una organización que ha insistido en que el gobierno ha hecho un uso  excesivo uso del dinero de los cotizantes para los gastos del Estado.
 

Esta suma duplica la que el gobierno usualmente hacía cada año, antes de 2022 y que no superaba los $500 millones, cuando funcionaba otra figura llamada Certificados de Inversión Previsional (CIP), figura que fue derogada en esa reforma de 2022.   
 

Los COP son una figura creada tras la reforma de la Ley Integral de Pensiones en 2022 para seguir financiando al sistema de pensiones antiguo (INPEP e ISSS), con dinero de los cotizantes del sistema de pensiones actual, afiliados a una AFP. 

Cada mes, el gobierno toma dinero prestado para pagar las pensiones de los jubilados públicos actuales  y luego regresa ese dinero junto con los intereses.
Según estima Pineda, los COP están devengando una tasa de entre 4% a 6%, pero con una alta especulación, que no garantiza a los ahorrantes que su tasa de interés se mantendrá  “porque la mayoría de los instrumentos de deuda están siendo colocados en instituciones públicas y ellos no pagan mucho”, dijo.
 

Esta nueva deuda en COP se suma a otra que cuenta de deuda que inició en 2006 y que desde ese año hasta 2022 acumuló un saldo de $8,395.73 millones. 
Esta deuda, fue emitida antes en Certificados de Inversión Previsional (CIP) se transformó luego en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT).
En total, uniendo las deudas desde 2006 a la fecha, el gobierno adeuda a los trabajadores un total de $10,364.98 millones. 
 

Poca transparencia 
La colocación de nueva deuda en pensiones ha sido señalada por economistas y expertos   por su poca transparencia. 
 

Pese a que desde 2023 el gobierno ha tomado más dinero de los ahorros de los trabajadores, este ha impuesto una reserva a toda la información sobre el pago de los COP. 
El Banco Central de Reserva reporta mes a mes cuál es el saldo total de los COP, pero el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que es la institución que realiza la emisión de deuda,  ha puesto en reserva toda la información sobre las condiciones de pago del dinero de los cotizantes. 
 

El canje de deuda de los $ 8,395.73 millones en  CIP, que luego se convirtieron en CFT, tienen un plazo de pago de 50 años y un periodo de gracia de 4 años, tiempo en el cual el gobierno no pagará ni capital ni intereses a los ahorrantes. 
 

Sobre esta transacción, ni las AFP ni el gobierno han aclarado cuál será la afectación para los cotizantes y su ahorro de pensiones. 
 

Pineda afirma que “ese dinero (los intereses) por ese canje de deuda, ya no lo vamos a ver”, afirmando que en 2027, el gobierno tendrá que comenzar con los pagos de la deuda de pensiones, pero solo pagará 7% prometido, no el dinero que los cotizantes han dejado de percibir durante estos cuatro años.

Carlos Argueta, economista e investigador, ha señalado que en el tema de la deuda previsional, uno de los temas que más preocupan es la poca  transparencia con la que se están haciendo las operaciones y la necesidad de que los mismos cotizantes sepan dónde está invertido su dinero y el retorno que tendrán al prestarlo. 

A la fecha, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) no ha divulgado ni el monto total de los ahorros de los trabajadores ni la tasa de rentabilidad que obtienen por prestarle dinero al gobierno.